*Texto de mi autoria publicado originalmente en la revista ContraPunto
El estado brasileño finalmente empezará a investigar, localizar e identificar los desaparecidos políticos en el país durante los años de 1961 a 1988, como consecuencia del período de represión de la dictadura militar.
Ya existe legislación para tratar del tema desde 1995, pero solamente ahora el gobierno federal ha movilizado sus estructuras para efectivamente realizarla a través de un acuerdo, firmado día 13 de julio en Brasil, entre la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la Republica y del Ministerio de la Justicia. “El objetivo es humanitario. Queremos dar a las familias el derecho de saber lo que ha pasado a sus entes queridos”, asegura el Ministro de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi.
El ministro también afirmó que la puesta en práctica de la ley busca permitir que Brasil supere el pasado de la violencia de la dictadura y siga adelante en su vida democrática. El país suramericano, sin embargo, parece estar lejos de obtener esta tranquilidad esperada por el ministro y de saldar sus deudas con la Memoria Histórica.
LA PRIMERA VEZ DE BRASIL EN LA CORTE
Tramita desde 2008 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una demanda contra el estado brasileño por la responsabilidad del gobierno en el desaparecimiento forzado de 70 personas y por la falta de aclaración de la verdad de los hechos durante la represión contra la Guerrilla del Araguaia, entre los años de 1972 y 1974, cuando rebeldes brasileños en el norte del país se levantaron en armas contra el gobierno dictatorial.
Esta es la primera vez que Brasil es juzgado por una corte internacional debido a los crímenes perpetrados durante la dictadura. El proceso, iniciado por el grupo “Tortura Nunca Más”, por la Comisión de Familiares de Muertos y Desparecidos Políticos de Sao Paulo y por el Centro por Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entró en su fase final en mayo de este año, a través de audiencias públicas en San José, Costa Rica, en las cuales fueron oídas familiares de las víctimas, expertos jurídicos y representantes del Estado brasileño.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) rechazó en abril de este año la demanda que permitiría revisar la polémica – así como en El Salvador – Ley de Amnistía, cuya vigencia impide se llevar a juicio los representantes del Estado acusados de practicar actos de tortura durante el régimen militar brasileño (1964-1985).
Con el voto de siete jueces contra dos que aceptaron la revisión de la Ley 6683/1979, la Corte Suprema se pronunció por la constitucionalidad de la norma que concedió el presunto perdón tanto a los militares como a sus adversarios. El STF de Brasil decidió que las victimas no tienen el derecho de llevar a juicio los torturadores de la dictadura y por lo tanto la Corte Interamericana se convirtió en la esperanza para que, de acuerdo al Derecho Internacional, los familiares de las victimas puedan buscar la reparación integral negada por el Estado brasileño.
El abogado Belisario dos Santos Junior, notorio nombre en la lucha por Memoria Histórica de la dictadura militar en Brasil y uno de los testigos contra el Estado en la audiencia en la Corte Interamericana, declaró en entrevista a periódicos brasileños que el STF se ha equivocado en su decisión de no aceptar la revisión de la Ley de Amnistía. “El STF no ha tomado una decisión jurídica, sino de interpretación histórica sobre un acuerdo, no negociado, que presuntamente se trataba de un hecho para no ser discutido en el futuro. Los ministros del STF entendieron que había un hecho y como lo que ellos entienden se convierte en ley, nosotros tendremos que convivir con esta ficción creada por ellos”, argumenta Belisario.
Belisário afirma que la Corte Interamericana ha dado señales de que no aceptará la auto-amnistía del Estado brasileño impuesta por la legislación vigente. “Si Brasil es condenado por la OEA eso podría implicar en la obligación al Estado de revocar parte de Ley de Amnistía y de perseguir judicialmente a los responsables por las torturas cometidas durante aquél período. Yo creo que Brasil cumplirá las determinaciones de la Corte”
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre la demanda contra Brasil deberá ser emitido el próximo mes de agosto.
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