* Texto que escribí para publicación en el sitio español Panorámica Social, que estará disponible en el enlace de la revista día 20 de septiembre. Adelanto el material para los lectores de este blog.
La inmigración no es un tema central de la realidad brasileña - pese las enormes comunidades de brasileños esparramadas por diferentes partes del mundo - cuando comparado al aspecto visceral y de peso determinante que la cuestión ocupa en la vida centroamericana.
Tal vez por esta razón, la matanza en México, 21 de agosto, no haya causado conmoción nacional en Brasil ni ocupado la portada de los medios de prensa, aunque haya brasileños entre los muertos.
Los 72 inmigrantes masacrados en Tamaulipas en el norte de México, cerca de la frontera con los Estados Unidos, no es el primer crimen de este tipo, pero, como define el periódico salvadoreño El Faro, “es un grito, parte de un coro reiterado que por fin llegó a los oídos de todos. (…) el más reciente de un largo eslabón de secuestros y asesinatos de migrantes por parte de grupos de crimen organizado en México”.
Hay una crisis de seguridad en México y los inmigrantes, principalmente centroamericanos, son las victimas más indefensas.
Esta masacre es indignante, pero no sorprendente. Es un capítulo más de una historia desenfrenada que sigue por lo menos desde 2008. En el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, titulado “Informe Especial Sobre los casos de Secuestro en contra Migrantes”, afirma que cerca de 10 mil indocumentados, la mayoría de América Central, habían sido secuestrados solo en los últimos seis meses de aquél año. Decía también el nombre y apellido de esa “organización de delincuentes”. Los Zetas son una banda organizada que existe desde 1997, que fundó el Cártel del Golfo El informe aun dice que las autoridades de municipios y estados mexicanos participaban en esos secuestros.
La masacre del grupo de 72 migrantes indocumentados fue presuntamente perpetrada por Los Zetas, que controla la “ruta del migrante” que cruza México hacia Estados Unidos y que, desde hace meses, se dedica a secuestrar indocumentados para pedir a sus parientes el pago de rescates. Al grupo capturado le fue ofrecido trabajo como matones para el cartel mejicano, según relató uno de los únicos tres sobrevivientes identificados. No hubo acuerdo y todos fueron ejecutados a balazos con las manos y pies atados.
Entre los muertos, nacionalidades hondureña, salvadoreña, ecuatoriana, guatemalteca y brasileña. Si, había brasileños entre los inmigrantes masacrados. Juliard Aires Fernandes, de 20 años y Herminio Cardoso dos Santos, 24, eran de la región de Governador Valadares, en el estado de Minas Gerais. Pero en los grandes medios brasileños la principal noticia fue que la Policía Federal del país va a contribuir con las investigaciones. La prensa trató del tema como algo que sucedió en el “lejano” México (incluso con mapas ilustrativos acompañando los textos) y refiriéndose a las victimas brasileñas como originarios de la “región de Brasil que más exporta mano de obra inmigrante para los Estados Unidos”. Y no mucha más atención fue dada a la tragedia, sobretodo en este que es el periodo de efervescencia de los comicios presidenciales en el país.
La apatía y comportamiento blaze de Brasil ante el caso es triste y sintomática de un país que, al fin y al cabo, está apartado del contexto, stricto sensu, latinoamericano. Sin embargo, en Centroamérica, la situación es bien distinta.
Paso de la muerte -
De los cuerpos identificados, 14 eran de salvadoreños, incluso dos adolescentes.
La guerra civil en El Salvador, en términos históricos, fue concluida ayer, en 1992. Y desde entonces la realidad golpea: el país consiguió la paz política, o por lo menos el fin de la hostilidad bélica oficial, al cabo de mucha sangre, pero está lejos de la paz social.
El editorial del periódico salvadoreño ContraPunto explicita: “La pobreza y la exclusión dominan a El Salvador y los jóvenes tienen actualmente casi sólo dos oportunidades: meterse a las “maras” (las gangs) o emigrar a Estados Unidos. En ambos casos la muerte les sigue asechando como un denominador común y un determinismo maldito”.
Se calcula que unos 2.5 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos, y las remesas que envían a El Salvador son pilar fundamental de la economía del país. En 2009 el valor total de las remesas representó aproximadamente un 18% del PIB nacional.
El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, clasificó la masacre como “un hecho sin precedentes en la historia de las migraciones (de El Salvador)”. Funes, además, reconoció que la tragedia es un reflejo de la falta de condiciones de vida necesarias en el país para evitar el flujo migratorio para los Estados Unidos. “Yo no puedo culpar a México de lo sucedido, hay una responsabilidad compartida también de los salvadoreños, de las autoridades, que tenemos que hacer los esfuerzos para que aquí haya condiciones de empleo, de educación, de salud”, dijo el mandatario.
La culpa ciertamente no es de México, solo, pues los gobiernos centroamericanos también deberían establecer demandas más fuertes para proteger a sus ciudadanos. Sin embargo hay un doble rasero en la política migratoria mexicana que merece ser denunciado: defender los derechos de los migrantes ante Estados Unidos pero mirar para el otro lado en su frontera sur.
La organización Amnistía Internacional (AI) – Sección México - emitió un informe en abril de este año, titulado “Victimas invisibles – Migrantes en movimiento en México", resaltando el fracaso de las autoridades federales y estatales mexicanas de implementar medidas efectivas para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones de migrantes irregulares a manos de los grupos criminales. En su comunicado oficial de prensa sobre lo ocurrido en Tamaulipas, la AI afirma que “este caso una vez más demuestra el extremo peligro que enfrentan los migrantes y la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales de reducir los ataques contra los migrantes. La respuesta de las autoridades ante este caso será una prueba para el gobierno”
Qué gran paradoja que en territorio mexicano, los migrantes centroamericanos sean tratados de manera diferenciada cuando, junto a sus propios nacionales, todos tratan de intentar cruzar hacia el gastado cliché del “sueño americano”.
La masacre de Tamaulipas es un símbolo crudo y cruel de la dependencia económica, política y cultural centroamericana.
P.S: EN EL CAMINO - Durante más de un año (de octubre de 2008 a diciembre de 2009), el equipo compuesto por el cronista Óscar Martínez, la directora salvadoreña Marcela Zamora, la documentalista israelí Keren Shayo y los fotógrafos españoles Edu Ponces y Toni Arnau y el argentino Eduardo Soteras, recorrieron los caminos del indocumentado en México como parte del proyecto “En el camino”. Desde los prostíbulos de la trata en la frontera sur mexicana hasta el dominio de los cárteles del narcotráfico en los ejidos de la frontera norte, el periódico El Faro produjo un documental y un libro sobra la migración indocumentada a través de México.
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