En el pasado miércoles los senadores uruguayos derogaron la Ley de Caducidad que permitió por décadas la amnistía de represores acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1973-1985).
- 'Es una ley manifiestamente incompatible con las convenciones internacionales'
- La Justicia uruguaya ya ha procesado a más de 20 militares por crímenes durante la dictadura
- En mayo del 2009, la ONU solicitó la anulación de la Ley de Caducidad
La polémica norma fue enviada para su ratificación, en el inicio de mayo, ante la Cámara de Diputados, que también debe aprobar la derogación y permitir el inicio de decenas de juicios reclamados por organizaciones de derechos humanos.
El proyecto de ley interpretativo fue una iniciativa de la coalición de izquierda, Frente Amplio, que busca dejar sin efecto tres artículos de la Ley de Caducidad aprobada por el Parlamento en 1986.
El intenso debate por la ilegitimidad de la Ley de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida como Ley de Caducidad, se reflejó en la ajustada votación de 16 votos a favor y 15 en contra que tuvo en el Senado tras 12 horas de discusión.
El debate dividió al gobernante Frente Amplio, el bloque izquierdista que impulsó la llegada al poder del presidente José Mujica, un ex guerrillero, también aprisionado y torturado durante la dictadura.
La Ley no pudo ser derogada mediante dos plebiscitos realizados en 1989 y 2009.
Luego, las opiniones de centro-derecha del país ya están apresuradas en afirmar que “la ciudadanía mayoritariamente se sintió desautorizada y con el sentimiento de que el país deberá soportar horas muy severas de desbordes y divisiones”
Por esto, dos senadores gubernistas polemizaron: Fernández Huidobro votó a favor por obediencia al Frente Amplio, pero luego renunció a la bancada oficialista. En tanto que el senador Jorge Saravia fue el único legislador del partido gobernante que votó en contra en el pleno.
Pero la Justicia uruguaya procesó a más de 20 militares por crímenes cometidos durante la dictadura, entre los que se encuentran el ex dictador Juan María Bordaberry y el entonces comandante del Ejército Gregorio Alvarez.
En mayo del 2009, la ONU solicitó la anulación de la Ley de Caducidad. En enero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman.
La Ley de Amnistía brasileña, y salvadoreña, siguen vigentes, impidiendo investigaciones de los crímenes de tortura y desaparecimientos por motivaciones políticas durante la dictadura militar y la guerra civil.
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