El Salvador ante la justicia universal

Ocurrió el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). San Salvador vivía la peor ofensiva del izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN) y el ejército se defendía a sangre y fuego.

Padre Joaquin Lopez y Lopez, Padre Ignacio Martin Baro, Padre Juan Ramón Moreno, Padre Segundo Montes, Padre Armando Lopez, y el reputado intelectual y a la sazón el rector de la Universidad, Ignacio Ellacuria - los jesuitas de la UCA - murieron acribillados aquella noche, ademas de la ama de llaves y la hija de esta, Julia Elba Ramos y Meredith Ramos, en otra de las mayores y mas famosas atrocidades cometidas por el ejercito salvadoreño durante la guerra civil.

Los nombres y apellidos y la orden expresa de eliminar todo rastro de los hechos- aparecen en la querella criminal presentada en noviembre del año pasado ante la Audiencia Nacional de Madrid por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) de San Francisco (EE UU). Como acusados figuran 15 ciudadanos salvadoreños: 14 de ellos, militares, como autores de las muertes, y uno civil, Alfredo Cristiani, en el momento de los hechos presidente del país y jefe de las Fuerzas Armadas, como cómplice. La querella se basa en el principio de justicia universal (artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), el mismo que permitió la extradición y el juicio del dictador chileno Augusto Pinochet. Los cargos que se imputan son gravísimos: crímenes contra la humanidad, asesinato, crímenes de guerra y terrorismo de Estado.

Pero ¿por qué ahora? "Porque estos delitos no prescriben. Por eso, y porque 19 años después, El Salvador está inmerso en una insoportable impunidad. No hablamos sólo de la masacre de los jesuitas, también del resto de crímenes cometidos durante la guerra civil [1980-1992; 75.000 muertos]", dice el abogado Manuel Ollé, presidente de la APDHE, al periodico El Pais, en entrevista en diciembre del año pasado. "El juicio que se celebró en 1990 fue fraudulento: hubo ocultación de pruebas, amenazas a testigos, etcétera. Fue un proceso irregular y por tanto inválido. Y la Ley de Amnistía vigente, de 1993, es contraria a todos los estándares de derecho internacional y de derechos humanos, y no puede ser aplicada", añade Ollé.

Pero el propósito de la APDHE y el CJA va más allá: no se trata sólo de impedir la impunidad, también de "complementar la acción de la justicia en El Salvador. Lo deseable sería que con esta causa se ayude a desterrar todos los impedimentos legales para los juicios pendientes", concluye Manuel Ollé.

La violencia no ha cesado en Centroamérica, sólo se ha transformado.

AUDIENCIA NACIONAL ESPAÑOLA INVESTIGARA EL MASACRE DE LA UCA

La Audiencia Nacional del estado español admitió en 13 de enero de este año a trámite una querella presentada contra 14 ex militares salvadoreños por la muerte de seis jesuitas, su ama de llaves y su hija en 1989, aunque rechazó la referida al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani por el supuesto intento de encubrimiento de los asesinatos.

"En lo que hace referencia a la imputación contra (...) Alfredo Cristiani, no da lugar a su admisión, sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen, porque además de carecer de base indiciaria suficiente, no se le ha imputado participación en crímenes terroristas o de otra naturaleza de persecución universal, sino un supuesto delito de encubrimiento, por el que (...) tiene su persecución excluida", dijo el juez Eloy Velasco en un auto.

LOS ACUSADOS

Se trata de los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando y Francisco Elena Fuentes.

La demanda incluye también a los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos.

Asimismo están acusados los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate, así como el cabo Ángel Pérez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.

Por este crimen ya fueron juzgados en El Salvador, en 1991, una decena de militares, pero sólo dos de ellos, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y el teniente Yussy Mendoza, fueron a prisión, aunque después quedaron en libertad tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.

LAS DILIGENCIAS DEL JUEZ ELOY VELASCO

Para comenzar su investigación, Velasco cita a declarar al ex fiscal general de El Salvador, Belisario Amadeo Artiga; al juez Ricardo Zamora y a los abogados Henry Campos y Sideny Blanco, que ejercieron la acusación particular en la causa seguida en el país centroamericano contra militares acusados de la matanza.

Pide además que le remitan las actuaciones seguidas en aquel país y solicita una comisión rogatoria a las autoridades estadounidenses para lograr que testifiquen dos nacionales de EE.UU., el congresista William McCollum y el mayor del Ejército de EE.UU. Erick Buckalnd.

EL SALVADOR 1989: ELLACURIA, UN CRIMEN SIN CASTIGO

El video de Radio y Televisión Española (TVE) del domingo 24 de Mayo de 2009 en horario de máxima audiencia. Duración 47 minutos.




"En Portada viaja a El Salvador casi 20 años después del asesinato de Ellacuría.
El reportaje trata de responder algunas de las preguntas abiertas sobre el caso.

Cuando el equipo de En Portada llegó a San Salvador tuve una curiosa sensación de salto en el tiempo. Además, íbamos a hurgar en el recuerdo de un episodio también casi olvidado, la matanza de los jesuitas en la Universidad Centroamericana, que ha vuelto a tener cierta actualidad al ser uno de los casos que investiga la Audiencia Nacional en virtud del cada vez más polémico principio de justicia universal.

El caso Ellacuría, eso fue evidente desde el primer momento, es un caso molesto, que se enmarca de lleno en el debate sobre la llamada memoria histórica, muy actual en España. Además, nosotros llegamos a hacer preguntas incómodas en un periodo sensible, durante la campaña electoral de las presidenciales.ta de responder algunas de las preguntas abiertas sobre el caso.

Fue muy significativo el silencio de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica y, sobre todo, de algunos políticos. Y fue curioso comprobar cómo el discurso de los que prefieren que no se sepa la verdad es siempre el mismo: No hay que reabrir heridas, hay que mirar hacia delante, es mejor no remover el pasado.

En una pequeña localidad al norte del país, llamada Ignacio Ellacuría en honor al sacerdote jesuita, dos humildes campesinas nos contaron cómo, al final de la guerra, sus hijos pequeños fueron masacrados en un bombardeo del Ejército. No está claro si fue deliberado o un error, pero casi 20 años después, ellas se mostraban dolidas sobre todo porque nunca nadie les ha pedido ni siquiera perdón.

Esas madres, como muchos otros salvadoreños, no olvidan. Con su testimonio, que nos emocionó en muchos momentos, cobra su sentido la necesidad de mantener lo que llaman "memoria histórica". Sus heridas sólo se cerrarán cuando se conozca toda la verdad de lo que ocurrió en aquellos años."