Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica: una polemica también en El Salvador

COALICIÓN CENTROAMERICANA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL (CCPVJ)

"El Comité Nacional de la CCPVJ en El Salvador y otras organizaciones sociales, ante el enfoque represivo de las estrategias del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad en el país, el inminente colapso del sistema penitenciario, la probable extensión de la presencia militar en las comunidades y el posible aumento de sus facultades operativas, EXPRESA:

Que la situación delincuencial en el país se mantiene desbordada en proporciones exorbitantes debido a la continuidad en la lógica de intervención por parte del Ejecutivo.

Su discurso y sus acciones carecen de integralidad; porque no se ha privilegiado la prevención, la rehabilitación ni la reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley.

En reiteradas ocasiones hemos advertido lo contraproducente que resulta implementar políticas “manoduristas” contra la criminalidad. Asimismo, hemos insistido en la necesidad de abordar integralmente el fenómeno delincuencial e implementar políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la población salvadoreña y garantizar el pleno respeto de sus derechos humanos.

Desde 1996, la intervención de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en tareas de seguridad pública ajenas a su mandato constitucional no ha dado los resultados que se plantearon. En noviembre del año pasado, el Presidente, Mauricio Funes Cartagena, aplicó tal medida como parte de su Plan Anticrisis. Con esta pretendía bajar la criminalidad en los municipios más inseguros, pero no se redujeron los delitos ni los índices de homicidios que promedian entre doce y trece diarios.

A pesar de esto y de no presentar evaluación alguna del impacto cualitativo y cuantitativo de esta medida, manifiesta sentirse persuadido a prorrogar el plazo inicial de seis meses que se vence este 6 de mayo y ampliar las facultades de la FAES. Durante el tiempo que ha patrullado junto a agentes policiales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha registrado varias violaciones a los derechos humanos protagonizadas por la institución castrense sin que estas se tomen en cuenta en la decisión que pretende tomar.

La delincuencia en nuestro país, como lo hemos dicho anteriormente, tiene raíces estructurales, debiendo agregar –como agravante-- la deficiente aplicación de las leyes y la poca coordinación operativa en el terreno por parte de policías, jueces y fiscales, lo que no ha permitido tener mejores resultados en la persecución y sanción del delito.

Nos preocupa esta falta de coordinación institucional, así como la falta de interés por generar políticas públicas integrales para combatir de raíz la violencia y brindar mejores oportunidades a la juventud salvadoreña.

Por lo anterior, la CCPVJ reitera su desaprobación a la continuidad de la FAES en tareas deseguridad pública y rechaza rotundamente cualquier iniciativa para ampliar sus facultades, por lo que DEMANDAMOS al presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena,

que:

1. Abandone estrategias de seguridad pública de corte militar ya que no han dado resultados ni ahora ni en anteriores gobiernos, y en su lugar haga uso eficiente, efectivo y legítimo del ejercicio de la fuerza.

2. Renuncie a cualquier iniciativa para extender la presencia militar en las calles y mucho menos ampliar las facultades de este cuerpo represivo;

3. Sea coherente con sus promesas de campaña en las que enfatizó en la necesidad de abordar integralmente el problema de la violencia y la criminalidad, apostándole a prevenir el delito y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía con especial una atención a la niñez, adolescencia y juventud salvadoreña, quienes están siendo víctimas mayoritarias de este flagelo.

4. Inicie procesos efectivos de depuración y saneamiento en las instituciones estatales del área de seguridad, que permita la modernización, el fortalecimiento y la reorganización de las mismas;

5. Mantenga un constante diálogo con los diversos sectores de la sociedad civil para la pronta y efectiva resolución de conflictos. Este debe enmarcarse en el respeto irrestricto de los derechos humanos, especialmente de las poblaciones comúnmente marginadas y violentadas;

6. Formular y ejecutar programas integrales para la reforma del sistema penitenciario, que busquen la rehabilitación e inserción sociolaboral.

7. Diseñe y ejecute políticas públicas integrales que, además de enfrentar sus efectos en lo inmediato, contemplen superar las causas generadoras de la violencia y la criminalidad.

Finalmente, también exigimos a la Fiscalía General de la República que investigue a profundidad y objetividad todos los delitos cometidos.

San Salvador, 4 de mayo de 2010.

Comité Nacional de la CCPVJ "