El establecimiento de una Comisión de la Verdad en Brasil fue anunciado en diciembre pasado, casi 25 años después del fin de la dictadura militar. Su creación había sido recomendada en la ley de amnistía brasileña en 1979, pero jamás había sido implementada.
Aunque retrasada su instauración fue celebrada cuando comunicada durante el lanzamiento del Tercer Programa Nacional de Derechos Humanos de Brasil (PNDH-3). El documento, fruto de una serie de conferencias regionales y nacionales, fue firmado por 29 ministerios brasileños y posee un inédito capítulo sobre “derecho a la memoria y la verdad”. Ya formalizado en un decreto publicado en el Diario Oficial, se prevé, entre otros puntos, la creación de la Comisión que conforma la primera vez que Brasil investiga oficial y formalmente el tema, centrado en crímenes de lesa humanidad como la tortura, sufrida por centenares de brasileños durante el régimen dictatorial (1964-1985). El propio presidente Lula y varios de sus ministros han sido arrestados y torturados por los militares durante la dictadura, lo que ayuda a entender como más plausible la atención del gobierno para las reivindicaciones sobre el tema que tiene como principal fuente de impulso la labor de la Secretaria Especial de Derechos Humanos, dirigida por Paulo Vannuchi.
No obstante, la creación de dicha comisión fue interpretada por unos asustados jefes militares como una iniciativa para intentar derogar la Ley de Amnistía y consideraron los términos del decreto 'revanchistas y provocadores', ya que prevén hasta el cambio del nombre de calles y edificaciones bautizadas en homenaje a oficiales del régimen dictatorial. Los principales medios de comunicación de Brasil dieron noticia de una crisis desatada un día después del anuncio del Programa de Derechos Humanos, el 21 de diciembre. En una reunión con Lula, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, y los comandantes del Ejército, el general Enzo Peri, y de la Fuerza Aérea, el general Juniti Saito, decidieron presentar su renuncia, que no ha sido aceptada por el presidente. Sectores del gobierno, como el ministro Paulo Vannuchi, y el de Justicia, Tarso Genro, admitieron divergencias con los mandos militares pero negaran cualquier crisis.
Lula ha sido puesto en papel de mediador de la situación, y supuestamente ha aceptado modificar el decreto para evitar tensiones. Sin embargo, el gobierno aseguró que el proyecto de ley para la creación de la Comisión sería enviado para votación del poder legislativo en abril de este año. Tarso Genro, aseguró que no hay "ninguna controversia insanable" y afirmó que el Presidente brasileño está tranquilo y "lo va a resolver con su capacidad de mediación". Vannuchi, por su turno, afirmó que "crear una Comisión de la Verdad va a favor de las Fuerzas Armadas (...). No hay ningún sentido revanchista", El ministro busca diferenciar entre los militares "dedicados a la patria y al servicio público" y los responsables de torturas y desapariciones de opositores durante la dictadura.
El conservadurismo y el miedo de estos sectores de la política brasileña representados por el ministro Jobim y los comandantes militares son degradantes. Lastimosamente, las principales autoridades militares brasileñas todavía son alineadas con los que en 1964 rasgaron la Constitución del país en nombre de la paranoia contra-comunista y a favor de un acercamiento ciego y estúpido con las políticas estadounidenses.
No ha surgido en Brasil todavía un gobierno capaz de cambiar el norte de la formación de los militares del país que aun están aferrados a la anticuada y peligrosa “doctrina de seguridad nacional” que genera oficiales reaccionarios y sin visión de realidad. El legado de la Escuela de las Américas persiste e impide el paso de un real proceso de reconciliación nacional basado en el perdón y no el olvido o desmemoria; en la justicia y no en la impunidad inescrupulosa.
Las similitudes con el proceso salvadoreño de reconciliación nacional y construcción de una paz positiva son evidentes – la negación de la memoria; el intento por el borrón y cuenta nueva; la falsa consolidación de la democracia, pues se basa en el miedo de enfrentar el pasado, Sin embargo el gobierno brasileño avanza, quizás demasiado lento y con divergencias internas, pero si se mueve hacia la búsqueda del conocimiento de episodios tan esenciales para la definición de la propia identidad nacional. Lula se viste con la ropa de conciliador y evita el enfrentamiento directo, pero es simbólico y transcendental que haya en la recién aprobada política general de Derechos Humanos del país un capitulo enteramente dedicado a la memoria, la verdad y la justicia de un pasado-tabú y lleno de tantas sombras.
El Salvador tiene Brasil como su modelo de gestión, y las relaciones entre los mandatarios de ambos países, incluso a nivel personal, esta más afinada que nunca. No habrá consenso jamás dentro del gobierno, cualquier que sea, sobre como abordar el tema, pero es necesario moverse. Es una oportunidad de memoria y de real construcción de paz que no se puede dejar pasar.
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