Estoy produciendo un artículo académico para un congreso científico y de la investigación en curso derivé este análisis para publicación en periódico.
El texto abajo ha sido publicado este mes de Mayo en el Diario Digital salvadoreño ContraPunto y en periódico impreso brasileño Brasil de Fato.
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Ahora ya no son especulaciones. Durante la 28 conferencia Internacional para el Control de las Drogas, celebrada en México a principios de abril, el máximo responsable de la lucha antidroga en los Estados Unidos, William Brownfield, admitió que la estrategia contra el narcotráfico de su país, después de 32 años y miles de millones de dólares desperdiciados, es equivocada.
Pese tal declaración y por mayor que sea la contradicción, los Estados Unidos, que hace décadas lideran la lucha contra el narcotráfico con estrategias militaristas de presión a la oferta centradas en Colombia y México, insisten en su solución “ideal”, aquella que sirve para buscar armas nucleares, exterminar villanos terroristas y derribar dictadores sanguinarios: las guerras. Y la guerra se hace a partir de planes; primer el Plan Colombia, después la Iniciativa Mérida, oficialmente fracasados y erróneamente propagados en un nuevo frente, el Plan Centroamérica.
En un contexto de persistente pobreza, desigualdad y desempleo, sumada a un sistema político-jurídico frágil y al dilema de las migraciones, se favorece en Centroamérica el aumento del crimen y las amenazas contra la seguridad nacional que deteriora el tejido social de los países del istmo. Grupos narcotraficantes armados y financiados al lado de las pandillas transnacionales amenazan la estabilidad de los gobiernos centroamericanos, y más allá. “Dado el carácter transnacional de las organizaciones criminales y sus habilidades de explorar espacios político-institucionales débiles, algunos analistas son asertivos en afirmar que la inseguridad en Centroamérica representa un riesgo potencial para los Estados Unidos”, afirma el Servicio de Investigaciones del Congreso Estadounidense, a través del informe de marzo de este año, intitulado Central America Regional Security Initiative: Background and Policy Issues for Congress.
Los Estados Unidos saben que su demanda por consumo de drogas contribuye para la inseguridad ciudadana regional y las consecuencias de esta situación en Centroamérica les afectan intensamente.
Durante la visita de Barack Obama a América Latina en marzo pasado, la pequeña república de El Salvador fue una parada inusitada en la agenda del presidente estadounidense. Pero fue precisamente el tema seguridad la justificación. Obama anunció el repase de US$ 200 millones para el combate al narcotráfico en el país – un rápido señal de planes mayores en articulación. En la implementación de la Iniciativa Mérida, la secretaria de Estado de los EEUU, Hillary Clinton, se esforzaba para probar que el Plan Colombia, iniciado años antes, era un modelo para México. Ambos planos ahora son citados como los modelos para la posible oficialización de un Plan Centroamérica.
Sin embargo, ni Colombia ni Mérida, como ahora ha sido admitido, han logrado que los problemas de seguridad regional sean resueltos tampoco la “guerra” contra el tráfico de drogas vencida.
EL PLAN COLOMBIA
De acuerdo al informe de la organización Insight Crime, el gobierno norteamericano ha repasado hasta la fecha 7 mil millones de dólares a Colombia como parte del Plan para combatir el narcotráfico y la insurgencia armada, la mayor parte en asistencia militar. La ayuda representa entrenamientos, equipamientos bélicos como helicópteros y navíos. Colombia hizo su parte y triplicó su presupuesto militar, casi doblando el tamaño de sus Fuerzas Armadas. Apenas una pequeña parte de la ayuda estadounidense ha sido aplicada para programas socioeconómicos.
La producción de drogas en Colombia permanece alta, pese el éxito del Plan en localizar y eliminar plantaciones de coca. Según informe de abril de 2009 del Agencia del Desarrollo de los EEUU (USAID) intitulado Assessment of the Implementation of the United States Government´s support for Plan Colombia´s Illicit Crop Reduction el área de producción de coca entre los años 2000-2005 fue reducida, sin embargo áreas de cultivo han sido parcialmente retomadas. Los campesinos cultivadores de coca han buscado minimizar la interdicción de las plantaciones buscando áreas menores de plantío.
La inflexible aplicación de la política de “cero cultivos ilícitos” es un obstáculo para el desarrollo socioeconómico en zonas afectadas por la coca porque, pese estar diseñada para promover una cultura de legalidad, acaba por impedir al gobierno de entregar la ayuda que les permitiría a los cultivadores de coca cambiar para una actividad legal. El estado no les ofrece a los campesinos alternativas viables. Los programas disponibles no alcanzan ni un diez por ciento de las familias cultivadoras de coca.
Y aunque la ayuda norteamericana sea utilizada abiertamente también para desmantelar grupos rebeldes armados, paradójicamente ha habido un crecimiento de grupos paramilitares de derecha que han estado sustituyendo los grandes carteles del narcotráfico. La credibilidad del gobierno ha sido afectada por la corrupción y por comprobados lazos de eses grupos con autoridades estatales.
LA INICIATIVA MERIDA
En México, la militarización de la seguridad pública del país, iniciada en 2006 e intensificada con la Iniciativa Mérida en 2008, ya ha enviado más de 90 mil soldados para las calles y ha resultado en una cifra record de 37 mil homicidios relacionados con el narcotráfico. Además hay miles de denuncias de violaciones de los derechos humanos impetradas por la policía y las fuerzas armadas, de acuerdo con los datos divulgados el año pasado por el Americas Program of the Center for International Policy in Mexico City.
El asesinato de políticos, la amenaza a los civiles y las disrupciones de la vida cotidiana en México se han profundizado. La cuestión es particularmente alarmante en el tangente a los inmigrantes. Estimase que más de 400 miles cruzan el territorio mexicano todos los años. Según los datos del Instituto Nacional de Inmigración de México, solamente 150 mil logran llegar al otro lado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 más de 100 mil inmigrantes fueran secuestrados en México. Los grupos criminosos que actúan en la región – como Los Zetas y el Cartel del Golfo – practican secuestros para cobrar entre mil y dos mil dólares de rescate de las familias de los inmigrantes que muchas veces ya están instaladas en los Estados Unidos.
A pesar de este resultado, la administración Obama ha anunciado planes de extender indefinidamente la Iniciativa Mérida, bajo un presupuesto de U$ 1.6 mil millones. El gobierno Ejecutivo ha requerido un valor extra de U$ 282 millones para el plan en el presupuesto de 2012.
DE CARSI A PLAN CENTROAMERICA
La América Central ha recibido más asistencia en seguridad estadounidense a partir de la Iniciativa Mérida. Sin embargo, apenas U$ 260 millones del más de U$ 1.7 mil millones destinados a ese plan entre los años 2008-2010 han sido alocados para los países del istmo.
La parte centroamericana del Mérida ha sido establecida separadamente a través de la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés) en 2010. De acuerdo al documento del Servicio de Investigaciones del Congreso Estadounidense, los líderes centroamericanos esperan de la Iniciativa Mérida/CARSI una respuesta más incisiva al problema de seguridad en el istmo.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, ha reiterado la importancia de definirse un plan de seguridad para Centroamérica y el presidente de El Salvador, Mauricio Funes ha afirmado a la prensa que la capacidad de operación las organizaciones criminales, la capacidad financiera para comprar las instituciones, para permear las instituciones es tal, que se hace necesaria acción internacional coordinada para combatirlas, utilizándose de “las experiencias exitosas que ahora han tenido países como México y Colombia”.
Pero una de las principales tragedias en la guerra contra el narcotráfico es que la guerra misma impide que sean pensadas y establecidas otras estrategias más efectivas porque se presenta como la única opción posible. Mientras el gobierno estadounidense gasta millones de dólares del dinero público para “arreglar” a Latinoamérica poco ha sido hecho para solucionar os problemas del crimen transnacional dentro de sus fronteras tales como la demanda por drogas, la logística de transporte y distribución del producto, las autoridades corruptas, el tráfico de armas y el blanqueo de dinero.
Aunque las fuerzas armadas indiscutiblemente tendrán y tienen un importante papel, aún no está claro hasta qué punto ellas deben ser utilizadas en una estrategia de largo plazo. Más de 50% de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños no confían en las fuerzas armadas, como muestra los resultados de investigación de 2009 en la Universidad Vanderbilt del “Latin American Public Opinion Project”, intitulada “Do you trust your Armed Forces?”. Cualquier aumento de la violencia o percepción de arbitrariedades, como ya ocurre, resultado de las operaciones de CARSI van a conllevar a un aumento de la degradación de la confianza.
En un esfuerzo para crear unidades policiales más efectivas y confiables en nivel municipal, Guatemala, por ejemplo, ha estado invirtiendo en las “Comisaria Modelo”. Parte de un programa que también recibe fondos del Departamento de Estado de los EEUU, los agentes policiales reciben entrenamiento extensivo antes de salir a las calles y constante capacitación. Los agentes también son requeridos a participar de sesiones regulares de detector de mentiras y a tener sus cuentas bancarias monitoreadas como parte de acciones contra corrupción.
Si a nivel regional se le debe apostar a la prevención y la depuración de la policía y la Fuerza Armada, otras estrategias que incluyen acciones en el territorio estadounidense también deben ser realizadas. Rastrear el dinero ilegal, por ejemplo, en lugar de promover tiroteos en las calles de México y Centroamérica, tendría más eficacia. En estos países, y en los EEUU, deberían ser atacadas las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Miles de millones de dólares son blanqueados en los negocios de los mercados financieros. Para, de manera seria, debilitar el crimen organizado, es necesario desmantelar el flujo ilegal de dinero, aunque esto afecte intereses poderosos.
Sin dar atención a la prevención y sin atacar la infraestructura del crimen organizado, los planes para intensificar la guerra al narcotráfico a través de un nuevo plan que alcance a las naciones centroamericanas irá conllevar a una nueva era de relaciones militarizadas en Latinoamérica y en los Estados Unidos y dar pasaje a conflictos cada vez más violentos en el continente.
