El fiasco brasileño no es modelo para El Salvador

*Publicado en el 8 de mayo la revista salvadoreña ContraPunto (Lea aquí)

La ley de la amnistía brasileña fue establecida para buscarse la pacificación del país. Esta fue una de las tesis defendidas en el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) para rechazar, en el día 29 del mes pasado, la demanda que se aprobada permitiría revisar la legislación cuya vigencia impide se llevar a juicio los representantes del Estado acusados de practicar actos de tortura durante el régimen militar brasileño (1964-1985). Con el voto de siete jueces contra dos que aceptaron la revisión de la Ley 6683/1979, la Corte Suprema se pronunció por la constitucionalidad de la norma que concedió el presunto perdón tanto a los militares como a sus adversarios. El propio Ministro de la Justicia de Brasil, Tarso Genro, (que recientemente se ha retirado del gobierno para postularse a gobernador de uno de los estados de la federación), considera que “el fallo del STF revela que pese la madurez política alcanzada, todavía persiste el miedo de la dictadura en Brasil”.

Un completo fiasco brasileño digno del llanto depresivo de un cavaquinho en un samba triste. Paradójicamente a sus aspiraciones de liderazgo regional, e incluso global, Brasil ha tirado en el basurero su chance histórica de hacer valer sus posiciones de defensor de los derechos humanos y de empezar a ganar real credibilidad en la comunidad internacional sobre la materia. Pero mucho más que esto, desde el punto de vista interno, el poder judiciario del país podría haber finalmente empezado un proceso de generación de confianza de sus ciudadanos en las instituciones nacionales, podría haber establecido la Memoria Histórica como un verdadero pilar conceptual de un país que se quiere llamar democrático. No lo hizo. Los torturadores seguirán libres, sin juzgamiento y ni siquiera serán conocidos públicamente.

Brasil ahora ocupará su vergonzoso puesto de reo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que juzgará las demandas referentes a los desaparecimientos de presos políticos durante la guerrilla del Araguaia (1972-1975) en los días 20 y 21 de este mes. El caso ha tramitado durante 12 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente ha llegado a la Corte. La expectativa es que el fallo sea proferido hasta el final del año.

Se ha impuesto en Brasil la tesis de que la amnistía fue producto de un acuerdo político y que este tiene más peso e importancia que la defensa de los derechos humanos. “El Supremo ha consagrado la regla de oro de los dictadores, que dice que antes de soltar el poder no deben olvidarse de promulgar una amnistía para ellos mismos”, dijo el presidente de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, Paulo Abraao.

La ley de amnistía permanece como el gran reto brasileño en derechos humanos y, consecuentemente, en democracia, análogamente al reto salvadoreño. Es lamentable que en el momento en que las dos naciones nunca estuvieran tan cercanas, a nivel oficial y a nivel personal entre sus mandatarios, Brasil se niegue a revisar o derogar su amnistía que beneficia a perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

En El Salvador, La “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”, amplió el alcance de la Ley de Reconciliación Nacional, es decir, la ley que ya se había aprobado el 1 de enero de 1992. También en el país centroamericano hay un entendimiento de que estas legislaciones son resultado de una negociación política que, por ende, protegió a personas que habían sido identificadas como responsables por actos de barbarie.

Permanece vigente en ambos países la desmemoria. Y Brasil ha oficialmente establecido la legitimación judicial de la tortura. La amnistía establecida en 1979 fue para los crímenes políticos en el periodo da la dictadura. Por lo tanto, stricto sensu, la decisión del STF no se trataba de una revisión de la ley porque tortura no es crimen político, sino contra la humanidad, y los gobiernos militares nunca ha reconocido la tortura como un acto oficial del Estado.

Con el fallo del STF, Brasil ha firmado su renuncia de la posibilidad convertirse en modelo de lucha por la Memoria Histórica. Muy diferentemente de sus vecinos suramericanos, el país se hizo un ejemplo de impunidad. Su participación, en marzo de 2009, en el “Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador” apuntaba como una importante muestra de la posibilidad de desarrollar políticas oficiales de cooperación sobre este tema. Esta lucha histórica de inúmeras organizaciones e individuos contra la impunidad, la herida conscientemente dejada abierta en la sociedad desde la promulgación de la amnistía “amplia e irrestricta” en 1979, tiene sus representaciones dentro del proprio gobierno federal brasileño.

Las posiciones de las autoridades gubernamentales y judiciales están divididas. Entre los que siempre ha criticado la posibilidad de revisión de la ley están el ministro de Defensa, Nelson Jobim, para quien el nuevo examen de la ley seria revanchismo; el jefe de la Advocacia Geral da União, José Antonio Dias Toffoli, que defiende la constitucionalidad de la ley de amnistía y que los crímenes practicados han prescrito; y del ex - presidente del STF (que dejó el cargo una semana antes de la votación sobre la legislación), Ministro Gilmar Mendes, para quien no sería posible distinguir entre los crímenes cometidos por agente del Estado y de organizaciones contra el régimen.

Del otro lado están el Orden de los Abogados de Brasil (OAB), entidad promotora de la demanda Arguiçao de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF -153, cuyo presidente, Cezar Britto, ha declarado que la revisión de la de amnistía es vital para consolidar la democracia en Brasil; el titular de la Secretaria Especial de Derechos Humanos de la presidencia de la República (instituida en el gobierno Lula), Paulo Vannuchi, que defiende que la tortura es un crimen imprescriptible y el ex - ministro de Justicia de Brasil, Tarso Genro, ya mencionado, que pide la desclasificación de los archivos militares y el castigo penal de los responsables de las torturas cometidas durante la dictadura.

Igualmente, en la sociedad salvadoreña hay un lado que considera la búsqueda por verdad, justicia y reparación, la base de la Justicia Transicional, un peligro para la paz alcanzada en el país, nombradamente representantes del partido derechista ARENA, que estuvo en el poder Ejecutivo desde el fin de la guerra. Del otro lado, organizaciones de la sociedad civil no se conforman en aceptar únicamente esta paz negativa y denuncian la necesidad de una verdadera reconciliación nacional y construcción de paz basada en la promoción de los derechos humanos y de la Memoria Histórica.

En el inédito El Salvador gobernado por la izquierda acabar con la desmemoria que contribuye para entorpecer la posibilidad de paz en el país es también parte (o lo era) de las expectativas depositadas en la gestión Mauricio Funes. El FMLN manifiesta expresamente en su programa de gobierno que promoverá la Memoria Histórica como parte de los mecanismos para consolidar la paz que está en la base de sus objetivos. Funes pidió perdón en nombre del Estado salvadoreño a las víctimas de la guerra, hubo condecoración de los mártires de la UCA, Monseñor Romero fue oficialmente homenajeado, pero las pendencias en verdad, justicia y reparación siguen iguales.

Funes ya ha señalado que no está interesado en derogar la ley de amnistía. Durante la conmemoración de los 30 años de la muerte de monseñor Óscar Romero, única acción de reparación promovida por el Estado salvadoreño, el presidente dijo que la derogación de la ley no le compete al Ejecutivo sino a los “organismos jurisdiccionales” y a la Asamblea Legislativa. Lo mismo ha hecho Lula en Brasil, y esta es la posición también de su protegida, candidata a sucesión presidencial, Dilma Roussef.

Las similitudes de Brasil con el proceso salvadoreño de reconciliación nacional y construcción de una paz positiva son evidentes – la negación de la memoria; el intento por el borrón y cuenta nueva; la falsa consolidación de la democracia, pues se basa en el miedo de enfrentar el pasado. El gobierno brasileño, que parecía que avanzaba a pesar de la lentitud y con divergencias internas, dio un enorme salto hacia tras.