(Celebración de la firma de los acuerdos en frente a la catedral de San Salvador - Acervo del Museo de la Palabra y la Imagen de El Salvador MUPI)Los Acuerdos de Paz de El Salvador, firmados el 16 de enero de 1992, establecieron un marco institucional para cerrar la dictadura militar en el país y para el FMLN deponer las armas, transformándose en una fuerza político-electoral. Pero el proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y el Frente fue complejo. Hubo desconfianzas y la elaboración de la agenda fue un consenso difícil.
El primer esfuerzo por una solución regional en Centroamérica fue el Grupo de Contadora en 1983, con participación de México, Colombia, Panamá y Venezuela impulsando los primeros diálogos, aunque la atención estaba focalizada en resolver la guerra en Nicaragua. Las posibilidades de acuerdo, no obstante, se chocaran con el aumento del financiamiento de los Estados Unidos a contrainsurgencia, a partir del gobierno Reagan, en 1984.
En El Salvador, con la llegada de Napoleón Duarte a la presidencia también en 1984, se estableció un proceso lento de diálogos entre gobierno y guerrilla que duró hasta 1987 a través de una serie de reuniones conocidas como La Palma, Ayagualo y Nunciatura Apostólica. No hubo avances porque, según relata Sánchez Cerén, “en ese proceso no hubo una negociación sino la tentativa de Duarte, en la lógica de los Estados Unidos, de buscar la desmovilización y desarme unilateral del FMLN. En la práctica Duarte nos propuso firmar nuestra derrota, lo que era sencillamente un despropósito. Proponer a una fuerza beligerante con control de territorios que se disolviera no tenía sentido”.[1]
En 1986 surgió el proceso de Esquipulas, nuevamente abordando el contexto regional, del que participó las Naciones Unidas. Unas de las medidas tomadas en este dialogo fue la presencia más intensa de la ONU en la región a través inclusive de fuerzas militares en la frontera entre El Salvador y Honduras y esta con Nicaragua.
En 1987, el FMLN decide buscar otra correspondencia de fuerzas que presionara por el diálogo y la negociación y para esto planifica una gran ofensiva militar que fue llevada a cabo en noviembre de 1989. La idea del guerrillero era demostrar al régimen que su intención de derrotarles por la vía militar no era posible. En el análisis de Sánchez Céren “la ofensiva replanteó una nueva correlación militar que creó las condiciones para pasar a la negociación estratégica”.[2]
De hecho, tras la ofensiva y de la reacción del ejército (que culminó en el conocido episodio del asesinato de los padres jesuitas de la UCA, mencionado en el capítulo 2) muchas voces como iglesias, organizaciones sociales y profesionales se manifestaron a favor de una solución negociada. Bajo los auspicios de la ONU, se logra el primer acuerdo en Ginebra, en 1990. Ahí se establece las cuatro grandes líneas del proceso para el fin de la guerra salvadoreña:
El primer esfuerzo por una solución regional en Centroamérica fue el Grupo de Contadora en 1983, con participación de México, Colombia, Panamá y Venezuela impulsando los primeros diálogos, aunque la atención estaba focalizada en resolver la guerra en Nicaragua. Las posibilidades de acuerdo, no obstante, se chocaran con el aumento del financiamiento de los Estados Unidos a contrainsurgencia, a partir del gobierno Reagan, en 1984.
En El Salvador, con la llegada de Napoleón Duarte a la presidencia también en 1984, se estableció un proceso lento de diálogos entre gobierno y guerrilla que duró hasta 1987 a través de una serie de reuniones conocidas como La Palma, Ayagualo y Nunciatura Apostólica. No hubo avances porque, según relata Sánchez Cerén, “en ese proceso no hubo una negociación sino la tentativa de Duarte, en la lógica de los Estados Unidos, de buscar la desmovilización y desarme unilateral del FMLN. En la práctica Duarte nos propuso firmar nuestra derrota, lo que era sencillamente un despropósito. Proponer a una fuerza beligerante con control de territorios que se disolviera no tenía sentido”.[1]
En 1986 surgió el proceso de Esquipulas, nuevamente abordando el contexto regional, del que participó las Naciones Unidas. Unas de las medidas tomadas en este dialogo fue la presencia más intensa de la ONU en la región a través inclusive de fuerzas militares en la frontera entre El Salvador y Honduras y esta con Nicaragua.
En 1987, el FMLN decide buscar otra correspondencia de fuerzas que presionara por el diálogo y la negociación y para esto planifica una gran ofensiva militar que fue llevada a cabo en noviembre de 1989. La idea del guerrillero era demostrar al régimen que su intención de derrotarles por la vía militar no era posible. En el análisis de Sánchez Céren “la ofensiva replanteó una nueva correlación militar que creó las condiciones para pasar a la negociación estratégica”.[2]
De hecho, tras la ofensiva y de la reacción del ejército (que culminó en el conocido episodio del asesinato de los padres jesuitas de la UCA, mencionado en el capítulo 2) muchas voces como iglesias, organizaciones sociales y profesionales se manifestaron a favor de una solución negociada. Bajo los auspicios de la ONU, se logra el primer acuerdo en Ginebra, en 1990. Ahí se establece las cuatro grandes líneas del proceso para el fin de la guerra salvadoreña:
- terminar el conflicto armado por la vía política
- impulsar la democratización del país
-garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos
-lograr la reunificación de la sociedad salvadoreña
A partir de ese momento se iniciaron dos intensos años de negociación que resultaran en la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992.
La implementación de los Acuerdos de Chapultepec
Más de US$ 1.6 mil millones fueron comprometidos en préstamos y donaciones por actores multilaterales y bilaterales al proceso de paz en El Salvador.
Se estableció la depuración y reducción de la Fuerza Armada. El ejército fue designado garante de la soberanía y la defensa nacional, sustrayéndolo de funciones que tuvieran que ver con la seguridad interna y pública (lo que también ayuda a explicar el porqué la decisión del gobierno, del proprio FMLN, en enviar el ejército a contribuir en la seguridad pública ha sido tan controversial en el país). Los batallones, como el Atlacatl, formados como estrategia contrainsurgente fueron disueltos.
La creación de una nueva Policía Nacional Civil (PNC) fue uno de los principales puntos de los acuerdos. Basada en la doctrina de servicio a la sociedad, la instauración de la Academia Nacional de Seguridad Publica fue parte de los pactos. Ahí se lleva a cabo la tarea de entrenar y capacitar académicamente a todos los ciudadanos salvadoreños que conformarían la nueva Policía.[4]
La PNC, según afirma su misión, debería “ser una institución policial moderna y profesional, con alto prestigio nacional e internacional que goce de la confianza y credibilidad ante la población salvadoreña, por la eficacia de sus servicios orientados a la comunidad”. Sin embargo, los datos del PNUD 2009-2010[5] demuestran que la situación es distinta. Para la pregunta: “Si fuera víctima de un robo o asalto, ¿Cuánto confiaría en que la policía capturaría al culpable?” 40% de los encuestados respondieron Poco y 27% Nada. Hubo 18% que contestaran Algo y solamente un 15% afirma que confiaría Mucho en la policía. Además, según la misma encuesta, 44% de la población cree que la policía está involucrada en la delincuencia. La policía salvadoreña, y en realidad la mayoría de las instituciones policiales centroamericanas, está congestionada. Esto ocurre no tanto por el bajo número de agentes disponibles, (En 2007, se registraban 21 mil agentes policiales, que corresponden a 332 habitantes por policía) sino porque la criminalidad es excesivamente alta. El crimen organizado posee mejor logística que el aparato policial y las energías se dedican a perseguir los criminales por cuenta de la ausencia de políticas sustanciales de prevención.
Los Acuerdos de Chapultepec también establecían un conjunto de medidas económico-sociales. Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como mecanismo para asegurar el respeto irrestricto a estos principios. También se hicieron reformas electorales para dotar las elecciones de mayor transparencia y obtener la confianza de la ciudadanía.
Conforme señalan Gammage y Worley
Aunque se pactaron temas (como el Foro Económico) que no se implementaron, los Acuerdos de Paz Chapultepec pusieron fin a la guerra civil y dieran paso a una serie de reformas políticas y militares. Pero según señala Monterrosa, “el discurso gubernamental, y quizá también el popular, comenzó a asumir que el fin de la guerra significaba vivir en paz. Desde el punto de vista de las causas de la guerra, el conflicto no está cerrado”.[8] Hubo un avance con el fin de la guerra; la reducción de las fuerzas de combate y las transformaciones políticas sucedidas. Sin embargo, permanece la rotura económica fruto de un determinado modelo de desarrollo y la violencia directa en diferentes sectores de la sociedad, en un escenario bastante desfavorable a la paz.
[1] SÁNCHEZ CERÉN, S. Con sueños se escribe la vida, Editorial Ocean Sur, San Salvador, 2008, p.131.
, p. 206.
[2] Idem, p. 219.
[3] GAMMAGE, S. Retorno con integración: el reto después de la paz. San Salvador, FLACSO-Programa El Salvador, 2002, p. V.
[4] Acuerdos de Paz de Chapultepec. Capítulo II: Creación de la PNC. Ciudad de México, 16 enero 1992. Disponible en
http://www.marxists.org/espanol/tematica/elsalvador/archivo/fmln/1992/ene/16/acuerdosdepaz/index.htm, último acceso en 5 diciembre 2009.
[5] PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO HUMANO (PNUD). Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano: informe sobre desarrollo humano para América Central 2009-2010. San Salvador, octubre 2009. Disponible en http://www.pnud.org.sv/2007/. Ultimo acceso en 20 diciembre 2009.
[6] GAMMAGE, S. Retorno con integración: el reto después de la paz. San Salvador, FLACSO-Programa El Salvador, 2002, p. 28.
[7] Idem, p. 4.
[8] MONTERROSA, L. Entrevista concedida por email a Aleksander Aguilar. San Salvador, 20 julio 2009
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